Se estima que hay créditos por $2450 millones para 88.000 emprendedores; educación financiera y ahorro, entre los temas urgentes
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Silvia StangLA NACION
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Emprender una actividad económica para llevar ingresos al hogar; hacer obras en la vivienda; lograr un ahorro y tener cobertura ante determinadas necesidades que pueden aparecer imprevistamente. Los objetivos a los que tienden quienes trabajan en el sector de las microfinanzas llevan, en última instancia, a promover mejoras en la calidad de vida de la población socialmente más vulnerable.
En la Argentina hay una cartera activa de estos pequeños créditos de algo más de $2450 millones, al menos según el resultado de un mapeo (con datos al 31 de marzo) hecho por la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social (Conami) -del Ministerio de Desarrollo Social-, el Foncap y la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (Radim), un grupo de entidades del sector nacido en 2004.
El relevamiento -que incluye a la banca comercial que se sumó a este segmento del mundo de los créditos- permitió detectar 62 instituciones (89%, entidades sin fines de lucro y 11%, sociedades anónimas), y 88.238 créditos activos, un número muy por debajo del de tomadores potenciales de préstamos, según estimaciones realizadas en trabajos previos.
Entre los principales temas en la agenda sectorial figuran desde los problemas que trae una coyuntura con alta inflación y vaivenes en la economía y las cuestiones regulatorias, hasta la necesidad de promover el ahorro, la formalización y, sobre todo, la educación financiera para el uso eficiente del dinero.
«Con un 52% de la población adulta de la Argentina no bancarizada (el porcentaje de personas con cuenta bancaria es mayor, pero muchas no las usan más que para presentarse el día de cobro a retirar todo en efectivo), es muy escaso el apoyo que ha recibido el sector de las entidades microfinancieras», sostiene Denise Ferreyra, presidenta de Radim y directora general de Pro Mujer Argentina, una institución que tiene 28 años de historia en América Latina.
Según agrega, la situación mejoró con este gobierno en comparación con el anterior, pero en la legislación persisten falencias que traban el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, señala, la ley 26.117, de fomento al microcrédito, «no contempla el amplio abanico de soluciones y servicios del mundo de las microfinanzas y, principalmente, no contempla el ahorro, que es tanto o más importante que el crédito, en el caso de la población atendida, para poder salir de la situación de pobreza».
Con respecto a las fuentes de fondeo, Ferreyra considera que las locales son insuficientes para apoyar un desarrollo sostenido de la actividad en el país, mientras que las internacionales parten de montos muy altos y tienen requisitos muy elevados para entidades pequeñas.
La Conami, según cuenta su coordinador, Julián Costábile, tiene un presupuesto anual de $270 millones. Los recursos son usados para subsidios no reembolsables a entidades de microcréditos (se entregan entre $1 millón $6 millones por entidad) y para mezzocréditos a instituciones como cooperativas.
«Nuestra cartera actual, neta de previsiones, ronda los $100 millones, un 55% más de lo que teníamos en diciembre de 2017», dice por su parte Federico Wainhaus, gerente general de Foncap – Finanzas Inclusivas, una empresa privada con participación estatal, que hoy le presta a 27 organizaciones a tasas que van desde 15% (entidades sin fines de lucro que recién se inician en esta actividad) hasta tasa Badlar más 600 puntos básicos (sociedades comerciales).
«Hay una demanda fuerte y a veces las entidades no puede acompañar con los montos que quisieran y, además, hoy muchas están con temas urgentes por lo coyuntural. Pero este sistema implica mucho más que el microcrédito; se trata también de la contención social al emprendedor, del asesoramiento, de la calidez humana, del empuje: todo eso es el plus las instituciones de microfinanzas», afirma Florencia Munaretto, coordinadora de Propulsar, un premio del Citi para entidades y emprendedores, que tiene su inscripción abierta y del que participan las fundaciones Avina y LA NACION.
Munaretto destaca que la particular modalidad de trabajo de los bancos comunales aporta también sus herramientas, vinculadas con uno de los temas en agenda: fomentar el ahorro.
«Derribamos el mito de que las personas de bajos recurso no pueden ahorrar», dice Agustina Recalde, de la asociación civil Nuestras Huellas, que tiene 15 años de historia y que hace 10 decidió trabajar bajo la modalidad de bancos comunales. Los datos del citado mapeo muestran que la metodología más usada en el país en las microfinanzas es la de créditos individuales (53%), seguida por los grupos solidarios (39%) y, por último, la de bancos comunales (8%), a la que también adhiere Pro Mujer. En los dos últimos casos, el rasgo es que existe una garantía cruzada entre las personas de un grupo, por la que cada cual es responsable del pago de sus cuotas y también, en forma solidaria, de las cuotas de los demás. El bien inmaterial de la confianza reemplaza así a los bienes materiales, a la hora de definir las garantías.
En el caso de Nuestras Huellas los créditos van de $3500 a $25.000 (el monto sube a medida que un emprendimiento crece) y tienen ciclos de 3 a 4 meses.
Un banco comunal está formado por vecinos de un barrio que ponen ahorros para convertirse en un grupo que otorga préstamos, bajo determinadas condiciones y con el asesoramiento de la entidad de microfinanzas.
Al conocimiento sobre finanzas se lo considera un valor fundamental para promover emprendimientos. Que se sepa qué es un gasto corriente y qué es un gasto no corriente, y que se distinga la administración del proyecto productivo de la del hogar son algunas de las premisas; desde la Conami, por caso, hay un plan para capacitar a instituciones, en colaboración con la OIT.
En Pro Mujer (que en 2016 ganó el premio Propulsar por un proyecto de educación) dicen no ver a las mujeres «como víctimas, sino como agentes del cambio, capaces de crear y alimentar, de impulsar el progreso y transformar sus vidas, sus familias y sus comunidades». Y, en ese sentido, dice Ferreyra, la educación financiera -que se da antes del préstamo- las habilitó para gestionar mejor las finanzas personales y fortalecer sus negocios, a lo que se suman los efectos de las campañas de cuidado de la salud.
Porque no se trata solo de billeteres, sino también de darle crédito a la capacidad personal.
Un premio para dar incentivos
Hasta el 2 de julio está abierta la inscripción a Propulsar, premio Citi a la microempresa, en sus categorías Microemprendedor del año ($130.000); Microemprendedor Ceibo ($90.000); Microemprendedor Aromo ($70.000); Impulsando Ideas Innovadoras (para entidades, $200.000); Emprendedor Joven ($70.000). Entre los reconocimientos se incluyen capacitaciones. Propulsar es un premio organizado por Citi Argentina, Fundación Avina y Fundación LA NACION.
Informes: www.propulsar.com.ar; info@propulsar.com.ar